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La situación del país heleno es muy delicada en estos momentos y su gobierno busca apoyos en los que sostenerse en el exterior. Esto ha impulsado a que Grecia se incorpore a la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Consejo Europeo, que pretende mejorar la cooperación internacional para la recaudación fiscal.
Esto permitirá a Grecia colaborar más estrechamente con otros países para eludir la evasión fiscal. Además para otros mandatarios se ha visto como un compromiso del gobierno heleno para ajustarse a los estándares internacionales sobre la transparencia en la economía, favoreciendo el intercambio de información para detectar fraudes fiscales.
Otra de las cosas pretendidas por las autoridades europeas, es que la Convención ayude a Gracia a que sus sistema interno de recaudación sea mejor y detecte con más facilidad la evasión de impuestos, en un país donde la economía sumergida es el sustento de un porcentaje muy elevado de la población. Pero donde más se pretende hacer hincapié, es las grandes evasiones de empresas y fortunas muy grandes, que usan paraísos fiscales para no pagar a las haciendas públicas lo que correspondería en cada caso.
España firmó el citado convenio en noviembre de 2009 y entró en vigor en diciembre del 2010. El objetivo principal es favorecer la cooperación internacional en materia fiscal para hacer más efectiva la lucha contra la evasión y el fraude tributario, pero al mismo tiempo respetar los derechos de los contribuyentes. En la practica se realizan acciones como el intercambio de información con trascendencia fiscal, notificación de documentos directamente o el cobro de deudas tributarias.
Aunque la Unión Europea tiene su propio reglamento y convenio el impulsado por la OCDE es más amplio, incluye un listado más extenso de impuestos, además está suscrito por países no perteneciente a la Unión Europea.
De hecho, para los países comunitarios prevalece la aplicación de las directivas europeas, cuando se traten entre países pertenecientes al marco europeo.
Algunas de las medidas prácticas tomadas en este protocolo son, la eliminación del secreto bancario y quitar el interés nacional como causa de denegación de información fiscal.
Entre los firmantes de esta Convención se encuentran España, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Moldavia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Turquía, Ucrania, Reino Unido y EEUU.
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